La oposición y las asociaciones profesionales han acogido con escepticismo pero con voluntad de acuerdo el borrador sobre la ley de Derechos y Deberes de los militares que prepara el Ministerio de Defensa y que fue adelantado por ABC el pasado día 16, texto que ven aún ambiguo para discrepar o respaldar de entrada.

Desde el Grupo Popular, su portavoz en la materia, Beatriz Rodríguez-Salmones, plantea la necesidad de un trabajo parlamentario «sosegado y riguroso» en el que el PP participará con sus enmiendas una vez que el borrador se convierta en texto articulado y recorra todo su trámite: Consejo de Ministros y consultas al Consejo del Poder Judicial y al Consejo de Estado.

Sin discrepar de las líneas generales del proyecto, una fórmula de «sindicalismo consultivo» en el que las asociaciones de militares no alcanzarán la influencia otorgada en su ámbito a las de la Guardia Civil, la diputada del PP también sostuvo que el Ministerio debe escuchar a las asociaciones profesionales que ya existen legalmente, que éstas hagan las alegaciones que consideren pertinentes y que el acuerdo con los grupos se busque en el Congreso sobre un texto articulado.

La ministra de Defensa, Carme Chacón, ha sostenido que sólo está dispuesta a hacer realidad la ley si contaba con el apoyo del principal partido de la oposición, pero en el PP no quieren que le utilicen para culparles de un posible atasco en una ley que toca cuestiones muy delicadas.

La asociación profesional con más afiliados, la Asociación Unificada de Militares españoles (AUME), reconoce en el borrador del Gobierno «pasos adelante como la posibilidad de ceder locales para reuniones» o la creación del «Observatorio de la vida militar», pero los considera insuficientes. Su portavoz, Mariano Casado, insiste en pedir diálogo al ministerio y en que se tengan en cuenta sus reclamaciones en el proyecto definitivo para cuestiones como la «tutela jurídica efectiva» de los militares o las elecciones internas para los miembros del Consejo de Personal.